Volvemos a tener una nueva cita con las urnas. En este caso, el sentir general es que los políticos no han sabido cumplir con sus obligaciones, no han sido capaces de ponerse de acuerdo y la fecha del 10 de noviembre vuelve a estar marcada para unas nuevas elecciones generales. Ante esta nueva convocatoria, conviene recordar a los partidos políticos, a la Junta Electoral Central y a todas las instituciones que deben tener muy en cuenta al colectivo de personas con discapacidad y sus familias.

 

En esta línea, y para que la sociedad sea la suma de voluntades y de la diversidad que representa, los partidos políticos tendrían que incluir en sus listas electorales a personas con discapacidad, y los programas electorales, los mítines y los propios colegios el día de la votación deberían cumplir con las normas de accesibilidad, y si no fuera así, las autoridades competentes tendrían que hacerlo cumplir.

 

El CERMI da un paso más, y reclama que en la próxima legislatura se reforme la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) con el objetivo de obligar que las listas electorales a cualquier tipo de elección (nacional, autonómica, local o europea) incluyan candidatos y candidatas con discapacidad, uno al menos por cada diez, o si el número total es menor, uno por fracción. 

 

El objetivo de esta medida es que la discapacidad tenga la representación que se merece en proporción a la pluralidad social que representa ya que constituye cerca del 10 por ciento de la población española. No es una cuestión menor, sino de derecho, tal y como lo refleja la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España. Las leyes se firman para cumplirlas.

 

El nuevo Gobierno y las nuevas Cortes Generales tienen mucho trabajo por delante, después de tantos meses de inactividad, y entre las medidas pendientes se encuentran la modificación acordada del artículo 49 de la Constitución que debe adecuar la Carta Magna a la Convención de la ONU, con el refuerzo de la protección de los derechos de sus ciudadanos, con la eliminación definitiva de la palabra “disminuidos” y con la incorporación al texto constitucional del término personas con discapacidad.

 

Esta nueva legislatura debe ser la definitiva para adaptar, a través de una ley orgánica, el ordenamiento jurídico español a la Convención de la Discapacidad. Una adaptación que no puede quedar en papel mojado. El poder legislativo, ejecutivo y judicial tienen que hacer efectivos y reales derechos como la igual capacidad jurídica, la eliminación definitiva de las barreras arquitectónicas, la garantía del derecho a la educación inclusiva, la eliminación de la esterilización forzosa, la cancelación de los internamientos no voluntarios, la adopción de medidas que fomenten la inclusión de todas las personas, sin discriminaciones de una estrategia estatal de inclusión en la comunidad que permita a todas las personas acogerse a fórmulas de vida en comunidad.  

 

Todas estas medidas deben contar con los apoyos públicos y los presupuestos necesarios para que sean efectivos y reales. Se debería garantizar por ley los derechos y servicios sociales, sin desigualdades territoriales y con el apoyo de la diferentes administraciones estatales, autonómicas o locales. El papel lo aguanta todo, ya es hora de que los derechos sean reales y todos los ciudadanos los disfruten. Debería ser la legislación de la promoción de los derechos y la eliminación de las desigualdades.